plan de desarrollo de Santos, prosperidad para todos "la locomotora minera, el pais en produccíon para los demas, menos para nosotros"
El principal balance de su gestión de la “locomotora minera” lo
presentó el presidente Santos hace seis meses ante el Primer Congreso
Anual de Minería a Gran Escala, realizado en la ciudad de Cartagena a
finales del mes de febrero del año en curso. Tristemente, en vez del
vocero del interés general y veedor del cumplimiento efectivo por parte
de la industria de sus responsabilidades en el desarrollo de la minería
como actividad de utilidad pública, tal como correspondería al primer
mandatario, se escuchó al mandadero en ejercicio de funciones rindiendo
cuentas a sus mandantes sobre los compromisos adquiridos durante la
campaña: destacó la inversión programada durante su gobierno de COP $1,4
billones de recursos públicos en infraestructura férrea para mejorar la
conectividad de las zonas de extracción con los puertos marítimos y
fluviales, y de COP $ 2 billones adicionales para la ampliación,
profundización y mantenimiento de los principales canales de acceso de
dichos puertos. Además aseguró tener comprometidas partidas de
presupuesto público para el mejoramiento de infraestructura de interés
para las empresas mineras por un monto del orden de COP $20 billones
hasta el 2021, con lo cual continuará el tendido de rieles para el
avance de la “locomotora minera” en nuestro país.
Así mismo puso de relieve su compromiso de mantener la “confianza
inversionista” de las empresas del sector minero, mediante la
delimitación de una reserva estratégica minera de 2,9 millones de
hectáreas distribuidas en 15 departamentos del país, destinada para su
entrega a aquellos concesionarios que ofrezcan “los mejores estándares
de responsabilidad social y ambiental” en el desarrollo minero de
yacimientos tanto de oro y carbón como de platino, cobre, fosfato,
potasio, magnesio, uranio y hierro, entre otros. También hizo hincapié
al señalar que cerca del 30 por ciento de los efectivos de la Fuerza
Pública (80 mil uniformados) están dedicados, exclusivamente, a la
protección de la infraestructura minero–energética del país, y se
comprometió a hacer los esfuerzos necesarios para destinar el pie de
fuerza adicional requerido para acompañar debidamente el crecimiento de
la actividad de exploración y explotación. Igualmente renovó su
compromiso de acabar con el flagelo de la minería ilegal en el país,
haciendo gala de la incautación de 160 retroexcavadoras y la captura de
casi 1.300 sindicados por el delito de explotación ilícita de
yacimientos mineros durante el año 2011.
Una vez agotadas las reservas explotadas por la locomotora minera, ¿qué quedará aparte de unos cráteres cuyas dimensiones harán que algunos sean visibles desde el espacio? Bernardo Pérez, columnista de Arco Iris, analiza en esta tercera entrega del balance a los dos años del gobierno Santos su política en materia minera.
Por último aseguró que el proyecto de reforma tributaria que cursaría
próximamente ante el Congreso de la República no aumentaría las tarifas
de los impuestos de renta ni de IVA (“no necesitamos más recursos,
estamos bien de recursos”, expresó el Presidente en este aparte de su
discurso) e invitó a los empresarios a contribuir con estudios
comparativos acerca del nivel de regalías vigentes en otros países del
hemisferio como insumo para el próximo debate sobre el tema en el
parlamento colombiano, para asegurar que Colombia se mantenga “como un
país serio y competitivo”.
Las declaraciones de Santos ante ese foro no fueron meras lisonjas para
complacer a su auditorio. Los compromisos manifestados efectivamente
se reflejan en la inversión programada para el cuatrienio 2010-2014
destinada al sector extractivo, que asciende al 41% de los recursos de
inversión del Gobierno destinados al desarrollo productivo, o el
equivalente al 17% del total de la inversión programada en el Plan
Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”. Cabe recalcar que
adicional a ese gasto, hay que sumar el que se asigna al funcionamiento,
dotación y mantenimiento de la Fuerza Pública reservada “exclusivamente
a la protección de la infraestructura minero-energética del país”, más
el que absorbe la referida represión de la minería ilegal en el país, al
igual que los ejércitos de funcionarios reclutados para el trámite
oportuno de los requerimientos de consultas previas y licencias
ambientales asociadas a nuevas áreas de exploración y explotación
minera. A cambio, el Plan de Desarrollo de Santos espera incentivar la
canalización hacia el sector minero el 54% del total de la inversión
privada proyectada para la economía nacional durante el período, la cual
se estima debe traducirse en mantener alrededor de 200 mil empleos
directos y otros 670 mil indirectos, e ingresos para la Nación por
cuenta de toda la actividad minera, incluyendo los hidrocarburos, que
pasarán de cerca de USD$ 8.824 millones en 2009 (3% del PIB) a alrededor
de USD$ 12.979 millones en 2021 (2% del PIB).
Y en cuanto a otros estímulos para mantener la “confianza
inversionista”, la Agencia Nacional Minera delimitó recientemente una
nueva “reserva estratégica minera” de más de 17 millones de hectáreas,
las cuales al igual que aquellas reservadas a principios de este año
serán destinadas a concesionarios que ofrezcan “los mejores estándares
de responsabilidad social y ambiental”, seguramente los mismos que hoy
han asegurado para sí el pago de tasas nominales de impuestos sobre la
renta que en promedio se encuentran entre 5 y 10 puntos por debajo de la
tasa media aplicada a las utilidades del sector productivo del país, y
que por medio de las exenciones y evasiones hoy se ahorran un valor
superior al que pagan al Estado por concepto de regalías, de acuerdo con
las cuentas recientemente presentadas por Guillermo Rudas (http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2691-la-locomotora-minera-a-toda-marcha-ipero-paga-lo-que-debe.html).
Por eso el balance por el que realmente queda en deuda el Presidente es
¿qué le va a dejar efectivamente a la sociedad colombiana la
“locomotora minera” cuando se cumplan las metas de exportar 160 millones
de toneladas anuales de carbón y 93 toneladas anuales de oro en el año
2020? Una vez agotadas las reservas explotadas por la “locomotora
minera”, ¿qué quedará aparte de unos cráteres cuyas dimensiones harán
que algunos sean visibles desde el espacio, rodeados de montañas de
material estéril, mucho de éste en condiciones de desequilibrio
bioquímico que hará del mismo una fuente permanente de acidificación de
las aguas de escorrentía con su consecuente efecto nocivo sobre los
cuerpos de agua superficiales al igual que los mantos subterráneos de
agua? ¿Y para qué servirán las inversiones en infraestructura que
quedarán conectando esos huecos con puertos marítimos y fluviales en
proceso de colmatación? Más aún ¿qué activos productivos nos quedarán
para generar los ingresos necesarios para adquirir los recursos que
necesitaremos para sustituir los que agote la “locomotora minera”?
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